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Por negligencia de autoridades e influyentismo, familias e inculpados, sin justicia… ABC: El expediente de la impunidad (I) |
Por Alejandro Matty Ortega/Dossier Político Dossier Político elabora en el presente artículo periodístico el desarrollo del Caso ABC, desde ese trágico 5 de junio, las acciones de los padres en duelo, los litigios y las intervenciones de las autoridades en este penoso proceso legal que evidencia, la sensible falla sistémica de los aparatos de procuración e impartición de Justicia en México. Las familias de la señora Irma Crescencia Díaz Gómez y de Roberto Copado Gutiérrez, tuvieron que intervenir para depositar la fianza y lograr la libertad condicional de ambos; mientras, el Gobierno Municipal y el IMSS negaron la defensa a quienes por Ley, debieron proteger, según familiares de los inculpados en la tragedia del 5 de junio. El señor Julio César Márquez, padre del pequeño “Yeyé” calificó como normal la salida de la señora Irma Crescencia Díaz, Martín Lugo y Roberto Copado del Cereso, dado a que es parte del proceso penal por el que atraviesan los funcionarios públicos por la tragedia del 5 de junio. El vocero del Movimiento por la Justicia del 5 de Junio lamentó que las autoridades no actúen correctamente en las investigaciones, ya que “nos ha parecido una burla, un agravio, queremos que se reclasifique el delito, a nosotros nos corresponde decir si son `chivos expiatorios` como lo dicen sus familiares… su salida es parte del proceso”. Desde el 19 de junio el Instituto Mexicano del Seguro Social ha negado asesoría jurídica a Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora de Guarderías del instituto, por lo que hasta el momento “es un chivo expiatorio de las autoridades”, criticó el señor Martín Barrera Valenzuela, esposo de la señora. El pasado 12 de diciembre en Palacio de Gobierno, sostuvo que “desde el Cereso Irma redactó un escrito dirigido al director general del IMSS, Daniel Karam, donde establece que de acuerdo a la Cláusula 101 del Contrato Colectivo de Trabajo, relativo a Arrestos y Fianzas, el Seguro debe brindarle la defensa en el caso y no ha sido así”. Sin embargo, “lleva 27 años, ya se autorizó la jubilación desde el primero de septiembre, pero debido al proceso en su contra, el trámite está detenido, se debe aplicar la Cláusula… ella lleva tres procesos, el 126, 133 y el 182, todos del 2009… pero aún no tenemos respuesta”… y hasta la fecha. El señor Barrera lamentaba que “ella está delicada, su situación es crítica, tiene un mal cardíaco y problemas gastrointestinales severos que pueden traer consecuencias fatales y el IMSS le está negando sus derechos laborales, hemos pedido el apoyo del gobernador pero siempre nos remite a otras instancias”. “Irma es un ´chivo expiatorio´ para decir (las autoridades) que tienen a alguien en la cárcel, pero deben buscar a los responsables que provocaron el incendio y no a quienes hacen su trabajo… por ello pide al director del IMSS que le brinde la asesoría legal como lo establece el Contrato Colectivo en la Cláusula 101”. La libertad de Irma Crescencia La coordinadora de Guarderías del IMSS, Irma Crescencia Díaz Gómez, salió libre bajo las reservas de Ley luego del depósito de la fianza fijada por el juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, quien emitiera la orden de aprehensión el día 21 de junio y el 27 del mismo mes, dictara el auto de formal prisión. Durante 6 meses y cuatro días, Díaz Gómez estuvo detenida por su presunta responsabilidad en la tragedia del 5 de junio; mientras, su condición médica se le complicaba por problemas cardíacos, de acuerdo a informes proporcionados por sus familiares. La señora Irma recobró su libertad el pasado miércoles y desde ese momento ha permanecido con su familia y siguiendo el tratamiento que por la situación legal, no pudo continuar adecuadamente. El proceso penal por el que atraviesa la señora Díaz Gómez ha sido un transe difícil para toda su familia que ha mantenido la confianza en que pronto las autoridades aclaren los hechos donde 49 niños perdieron la vida y 75 resultaron con lesiones por quemadura y por asfixia por humo. La carta de la señora “Somos una ´voz en el desierto´, por eso vengo (a Palacio de Gobierno) a solicitar una entrevista con Daniel Karam para entregarle el documento y solicitarle su intervención como lo establece el Contrato… voy a insistir hasta entrevistarme con él para ver si logramos que Irma salga y pueda estar con sus hijas en Navidad”. A pesar del dolor que les causa que la señora Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora de Zona de Guarderías del IMSS la familia conserva la fe y esperan que la situación legal de pronto se aclare y retome su libertad. En su momento, el señor Alberto Arellano también abogó por la señora Díaz Gómez: “Estamos confiados en que se aclare esta oscuridad, estamos convencidos que las pruebas en contra de Irma se han ido desvaneciendo porque jurídicamente no existe responsabilidad de su parte en los lamentables hechos del 5 de junio”. El señor Arellano Chávez destacó la tristeza de la señora Francisca Díaz, madre de Irma Crescencia, quien “ha sufrido mucho por su hija, pero mantiene la fe y eso le da fuerzas para continuar adelante en la espera de que pronto las autoridades apliquen la Ley y resuelvan a favor de la libertad de Irma”. “Tiene confianza en Dios, imagínate, siempre desde niñas estuvieron juntas, ella es fuerte y espera que se haga justicia… yo veo que en este caso la justicia ha sido selectiva, a los jueces les resulta más cómodo dictar sentencias condenatorias que absolutorias, eso es muy lamentable”, comentó. Respecto a las hijas de Irma Crescencia, mencionó que “ellas también están sufriendo pero han mostrado madurez y confían en que la justicia llegue lo más pronto posible para volver a estar juntas como siempre”, confió. El pasado miércoles 23, la coordinadora de Guarderías del IMSS, Irma Crescencia Díaz Gómez, salió libre bajo las reservas de Ley luego del depósito de la fianza fijada por el juez Primero de Distrito, Raúl Martínez Martínez, quien emitiera la orden de aprehensión el día 21 de junio y el 27 del mismo mes, dictara el auto de formal prisión. Durante 6 meses y cuatro días, Díaz Gómez estuvo detenida por su presunta responsabilidad en la tragedia del 5 de junio; mientras, su condición médica se le complicaba por problemas cardíacos, de acuerdo a informes proporcionados por sus familiares. El proceso penal por el que atraviesa la señora Díaz Gómez ha sido un transe difícil para toda su familia que ha mantenido la confianza en que pronto las autoridades aclaren los hechos donde 49 niños perdieron la vida y 75 resultaron con lesiones por quemadura y por asfixia por humo. De momento, para tranquilidad de su familia la señora Díaz Gómez ya se encuentra en su casa, ya podrá atenderse médicamente y continuará su proceso en libertad. Y Roberto Copado… Mientras que a Roberto Copado, ex director de Protección Civil Municipal, dejó el Cereso de Hermosillo a las 18:00 horas del jueves tras el pago de una fianza que liquidó su propia familia, debido a que la burocracia local se encuentra de vacaciones. La noche del viernes 18 de diciembre, Copado Gutiérrez fue detenido por su presunta responsabilidad en el incendio de la Guardería ABC; se creía que saldría libre el lunes tras el pago de una fianza de aproximadamente 190 mil pesos; sin embargo, el Departamento Jurídico del Ayuntamiento salió de vacaciones. Durante el fin de semana una comisión integrada por elementos de Bomberos hizo las gestiones correspondientes para ingresar al Cereso y brindar su apoyo a quien fuera su jefe en la administración municipal pasada; mientras, los asesores jurídicos pagarían ese día la fianza fijada por el Juzgado. El ex alcalde Ernesto Gándara Camou prometió que el comandante Copado Gutiérrez sería asesorado por el Departamento Jurídico del Ayuntamiento de Hermosillo, que extendería la defensa al actual Gobierno que encabeza el alcalde Javier Gándara Magaña… pero aún están de vacaciones. Y padres ABC aún buscan la justicia El señor Julio César Márquez, padre del pequeño “Yeyé” calificó como normal la salida de la señora Irma Crescencia Díaz, Martín Lugo y Roberto Copado del Cereso, dado a que es parte del proceso penal por el que atraviesan los funcionarios públicos por la tragedia del 5 de junio. “Nosotros no criticamos la salida de estas personas, están en su derecho; lo que vemos mal desde un principio es precisamente que las autoridades hayan clasificado el delito como homicidio culposo y no doloso, que es lo que consideramos que se debe hacer… pero estamos en el camino y lo vamos a lograr”, expuso. El vocero del Movimiento por la Justicia del 5 de Junio lamentó que las autoridades no actúen correctamente en las investigaciones, ya que “nos ha parecido una burla, un agravio, queremos que se reclasifique el delito, a nosotros nos corresponde decir si son `chivos expiatorios` como lo dicen sus familiares… su salida es parte del proceso”. Como se recordará, tras el vencimiento de amparos y con la detención del comandante de Bomberos, Martín Lugo Portillo, la PGR inició con la ejecución de las órdenes de aprehensión contra los involucrados en la tragedia de la Guardería ABC bajo las causas penales 126/09, 133/09 y 182/09 que se encuentran asentadas en el Juzgado Primero de Distrito. Presuntamente, Francisco Martín Lugo Portillo aprobó la revisión que supuestamente se realizó en las instalaciones de la guardería ABC, el cual habría aprobado sin cumplir con los lineamientos establecidos por el reglamento municipal respectivo. El gobernador había ofrecido a los padres la creación de una fiscalía intención que rechazaron y reveló que “se tomarán acciones penales contra servidores públicos y personas que hasta el momento, no habían sido involucradas dentro de las Averiguaciones Previas integradas por las PGJE en la administración pasada”. Por incumplimiento de funciones y letargo para avanzar en las investigaciones en el Caso ABC, padres de las víctimas exigieron de nuevo la renuncia del Juez Primero de Distrito, este día que deberá resolver si concede libertad o prisión a los socios de la Guardería. Durante 90 días, alrededor de 50 mil sonorenses refrendaron su apoyo a las familias de los niños que murieron en el incendio de la Guardería ABC el pasado 5 de junio; pero la Marcha de las Cunas no logró su objetivo. Las primeras cuatro expresiones ciudadanas estuvieron caracterizadas por la evidente muestra de coraje de miles de sonorenses que exigieron justicia a las autoridades y seriedad y agilidad en las investigaciones. La Quinta Marcha representó, un día antes de las elecciones, un adelanto de la postura que se asumiría a la hora de emitir el voto en las urnas ese 5 de julio con los resultados ya conocidos y aún impugnados por el partido que gobierna Sonora. Por casi tres semanas se estuvo preparando la Séptima Marcha pues desde entonces ya se había anunciado que ésta sería a la Casa de Gobierno y que las familias le recordarían al mandatario estatal el multicitado “No podrás dormir como bebé”. El sábado 18 optaron por realizar una Caravana a Ciudad Obregón donde realizaron un plantón frente a las oficinas de la Delegación Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para exigir una vez más la renuncia del director Daniel Karam. Y una semana antes, el 11 de julio, alrededor de 6 mil hermosillenses se apostaron en el Centro de Gobierno para el pase de lista de los 48 niños que fallecieron y que los manifestantes respondieron con un “No debió morir”. Con la Séptima Marcha por la Justicia ABC parece estarse perdiendo capacidad en su organización, pues los más de 20 mil hermosillenses que se solidarizaron con la causa el pasado 4 de julio, de extraña manera perdieron el interés en apoyar a las familias en luto. Y la Suprema Corte, avanza Los magistrados María del Magistrado Carlos Ronzon y Rosario Mota Cienfuegos Sevilla asignados a la Comisión Investigadora para el Caso ABC, han presentado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informes detallados de cada una de sus actividades para esclarecer las causas del incendio en la Guardería ABC. Dossier Político obtuvo informes de cada una de las reuniones con padres de familia y de las comparecencias de cada uno de los funcionarios públicos que han sido citados por la Comisión Investigadora incluyendo al exgobernador Eduardo Bours Castelo y el procurador Abel Murrieta Gutiérrez. También del director general del IMSS, Daniel Karam; el exalcalde Ernesto Gándara Camou, el exdirector de Protección Civil Municipal, Roberto Copado Gutiérrez; padres de familia, bomberos, maestras de la Guardería, empleados de Hacienda estatal y vecinos del área contigua al siniestro. La Comisión Investigadora sostuvo reunión de trabajo con el gobernador Guillermo Padrés Elías; Héctor Larios Córdova, secretario de Gobierno y Carlos Espinosa Guerrero, secretario de la Dirección Jurídica del Gobierno, en el Palacio de Gobierno de Sonora. Los documentos establecen las fechas, nombres y cargos públicos que desempeñan cada una de las personas entrevistadas por los coordinadores de la investigación especial que analizan los hechos trágicos que derivaron en la muerte de 49 niños y otros 75 con lesiones provocadas por el fuego y el humo el pasado 5 de junio. Se recibió el testimonio de cuatro familias de los niños afectados de la Guardería ABC, tres empleadas de la guardería y dos terceros. Esto tuvo lugar en la sede de la Casa de la Cultura Jurídica. En la misma fecha hubo una reunión de trabajo en el Palacio Municipal con el licenciado Javier Gándara Magaña, presidente Municipal de Hermosillo, Sonora, y sus colaboradores: licenciada Desdémona G. Cota Valenzuela, directora general de Asuntos Jurídicos. También con el licenciado Jorge Guadalupe Romero Meneses, director de Área; Gildardo Real, Secretario del Ayuntamiento; Juan Francisco Matty Ortega, director de la Unidad Municipal de Protección Civil; licenciado Zorobabel Lizárraga Fierro, asesor y el licenciado Tranquilino Javier Aguilar. Reunión de trabajo de la comisión con representantes de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico con el objeto de solicitar auxilio en la dictaminación de expedientes clínicos de las personas que aducen negligencia médica. Por otra parte, se inició el análisis jurídico de los mil cuatrocientos ochenta y un contratos de subrogación, celebrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social con patrones y particulares y sus anexos respectivos. En la misma fecha se pidió a la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora la relación del personal que se encontraba a cargo y laborando en la bodega de archivo muerto, ubicada en la calle Ferrocarrileros, No. 504, colonia Y Griega, C.P. 83290, así como el horario de servicio, incluidos los guardias o veladores del citado inmueble. Al secretario Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Sonora se pidió una relación de las personas bajo su mando, adscritos a la Policía Estatal de Seguridad Pública, que participaron directamente en las labores de rescate y salvamento en los sucesos del cinco de junio del dos mil nueve en la Guardería ABC. Se pidió al procurador general de Justicia del Estado de Sonora una relación de las personas bajo su mando adscritos a la Policía Estatal Investigadora; de la misma forma que al secretario de Seguridad Pública estatal, en la que constaran su nombre y apellidos, así como sus direcciones y demás datos Se pidió al director Jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social las constancias del SIAG (Sistema de Información y Administración de Guarderías), correspondiente a la Guardería ABC, relativas al periodo comprendido entre el uno de junio del dos mil ocho y hasta el cinco de junio del dos mil nueve, así como su instructivo de operación en copia certificada. El 13 de octubre se solicitó a la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social la información sobre la evolución de la determinación de las cuotas anuales por niño en las guarderías subrogadas con patrones y del esquema vecinal comunitario. Asimismo, informara si sobre los hechos ocurridos el cinco de junio, ha recibo alguna queja por negligencia médica por parte de los afectados y la documentación relativa a la atención de menores, familiares y adultos, que incluyera los datos de afiliación y su respaldo documental. También se pidió al director general de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo, Sonora, los partes policíacos que se hubieren recibido el cinco de junio de dos mil nueve, relativos a la actuación de los elementos bajo su mando. Se solicitó al director de la Unidad Municipal de Protección Civil de Hermosillo, Sonora, el reporte que se hubiere rendido por el personal a su mando el cinco de junio del dos mil nueve; todo respecto a la hora en que fue recibido el aviso de incendio de la Guardería ABC. Hasta la fecha, ninguna autoridad federal, estatal, municipal ni internacional, ha podido avanzar en las investigaciones a más de seis meses de la tragedia que enlutó al País y todo indica que el “papeleo” realizado, desafortunadamente, seguirá siendo “letra muerta” y sin lugar a dudas, será internacionalmente llamado: ABC: El expediente de la impunidad. |
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